El inviable modelo económico de la Ley del Suelo


En las publicaciones
de este BLOG, algunas de nuestras criticas habituales versan sobre el

 modelo económico
de la Ley del
Suelo,

 que solo funciona con las grandes empresas constructoras que se
entrometen en el sector de las promociones inmobiliarias con un doble objetivo,
ya que el disponer de obras cuyo pago controlan es una actividad que les
beneficia desde todos los puntos de vista.

El modelo se sustenta
en que la iniciativa privada, para
disponer de solares, debe ejercer una actividad urbanística que conlleva las siguientes operaciones:

         
Soportar los costes de urbanización. Las calidades de diseño, conexiones  y materiales son exigencia cada vez más
fuerte de los Ayuntamientos.
         
Ceder terrenos
para sistemas generales, que también
deben ser urbanizados y ajardinados según recientes legislaciones.
         
Ceder entre un 5 % – 15 % del aprovechamiento urbanístico del sector. Los porcentajes
correspondientes se aplican según lo dispuesto en la legislación de las CCAA.
         
Reservar un porcentaje mínimo del 30 % de la edificabilidad residencial del sector con
destino a la construcción de VPP. En
algunas CCAA el porcentaje citado llega al 75 %m cuando resulta que las VPP
carecen de financiación estatal y la autonómica es muy escasa en la actualidad
por el cumplimiento del déficit público que deben soportar.
El modelo está implantado desde los años 50 sin variaciones sustanciales y, en
nuestra opinión es inviable en muchos casos.
Si queremos reactivar
el sector hay que ser valientes y trasplantar
modelos europeos que funcionen.
Otro de nuestros
grandes problemas en materia de suelo es la multitud de legislación urbanística de la que disponemos: Cada CCAA hace su normativa urbanística y
cada Ayuntamiento su normativa municipal sobre construcción
, sin que exista
un marco único de partida y esta situación perjudica notablemente al sector y
sobre todo a las empresas extranjeras que apuestan por España para operar en el
sector inmobiliario.
Somos conscientes de
que las competencias en materia de suelo y vivienda están transferidas y de la diversidad
de nuestro territorio, pero ellos mismos deberían ser conscientes y, establecer un marco único de partida
del que señalar con precisión las diferenciaciones evidentes y necesarias.
Suponemos que esto es
predicar en el desierto.
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